Posnatal de 6 meses:

Mucha expectativa, poca realidad

 Actualmente la comisión Mujer, Trabajo y Maternidad intenta elaborar un proyecto de ley que según lo anunciado debiera extender el posnatal de 84 días a 6 meses. Las razones que lo impulsan son conocidas desde hace años y generan amplio consenso: la lactancia materna es el ideal hasta los 6 meses de edad y en Chile las licencias por “Enfermedad grave del hijo menor de un año”, superan con creces el número de lactantes que realmente se enferman los 6 primeros meses de su vida (según un estudio de la Universidad del Desarrollo 1 de cada 3 mujeres tiene un posnatal real de cinco meses). Es necesario entonces cambiar el actual sistema, pero bajo qué condiciones, con que flexibilidades, costos y responsabilidades, es lo que entrampa siempre este tipo de iniciativas.

Ya se han alzado las voces de partidarios y detractores para exigir que la nueva ley beneficie a todos los actores involucrados: la madre, el padre, los hijos, la sociedad y el estado, pero desde distintas aristas, para responder a las múltiples y a veces contrapuestas necesidades de cada uno. ¿Será posible establecer un marco legal que no sólo proteja sino que además promueva el desarrollo psicológico, profesional, físico y familiar de todas las personas, al mismo tiempo y sin generar grandes costos económicos para las empresas y el estado?

Es difícil, si es que no imposible, establecer un escenario ideal frente a realidades familiares, económicas y laborales tan diversas. La sociedad no tiene una postura clara respecto de los derechos, obligaciones y responsabilidades de cada uno, frente a la llegada de un hijo. Incluso dentro de cada mujer existe un conflicto permanente entre su rol de madre y profesional. Cada persona tiene una percepción distinta de cómo quieren, deben o pueden, ejercer su maternidad-paternidad, a pesar de que todos coinciden en luchar por alcanzar un precario equilibrio, con diferentes estructuras familiares y realidades socioeconómicas.

¿Entonces qué se espera de esta ley? Claramente las necesidades económicas y la realidad laboral de cada familia limita sus opciones de cuidado y dedicación a los hijos, y en ese ámbito  una ley podría otorgar nuevas facilidades. Sin embargo la ley no podrá responder a un tema valórico y cultural que estará haciendo ruido independiente de la cantidad de meses que se extienda el posnatal: ¿Quiénes son los responsables de los nuevos integrantes de la sociedad, quienes deben pagar los costos de traerlos al mundo, qué tan dispuestas están las madres y los padres a sacrificar sus carreras por formar una familia, qué rol debe cumplir el hombre y la mujer frente al hijo, quieren todas las mujeres dedicar los 6 primeros meses exclusivamente a la crianza o quieren combinar roles?

Existe un sin número de preguntas frente a las cuales obtendremos diferentes respuestas en una sociedad tan diversa como la nuestra. Hay quienes esperan que los 5 días de posnatal masculino también sean extendidos y otros hombres que ni siquiera ejercen ese derecho cuando nacen sus hijos.

Entonces sería conveniente aterrizar las expectativas que se tiene frente a esta ley y en vez de esperar que los honorables se pongan de acuerdo, se debiera buscar ese consenso dentro de las propias familias. El concepto de “planificación familiar” no sólo debiera considerar el número de hijos que se desean o los métodos anticonceptivos a utilizar. Una verdadera planificación implica llegar a acuerdo respecto de las expectativas que cada miembro de la pareja tiene de su rol y el del otro, en la crianza de los hijos. Cómo se financiará ese proyecto familiar, qué deberá transar cada uno, qué costos se está dispuesto a pagar en términos personales y profesionales, cuál es la realidad económica y laboral que enfrentarían.

Una ley puede, en menor o mayor medida, proteger a las madres profesionales, a los hijos recién nacidos, a los padres que quieren participar activamente, pero en ningún caso podrá empatizar con las infinitas realidades familiares que se presentan en nuestro país. Existe una responsabilidad social de fomentar y proteger la llegada de nuevos ciudadanos, pero existe una ineludible responsabilidad individual de las madres y los padres, de dar las mejores condiciones de vida a sus hijos.

Sin duda que debiera existir igualdad de derechos para trabajar y formar familia, pero no exijamos que una ley resuelva temas que no hemos sido capaces de abordar seriamente dentro del círculo íntimo de cada familia.

Paula Rodríguez O. Periodista